Santa Ana está pidiendo a los votantes que decidan si los ciudadanos no estadounidenses que residen en Santa Ana deben poder votar en las elecciones municipales locales, incluidas las elecciones para el concejo municipal y la alcaldía.

Título oficial en la boleta: Medida DD

Entendiendo la Medida DD

Si se aprueba la medida, Santa Ana se convertirá en la primera ciudad de California en permitir que sus habitantes que no son ciudadanos estadounidenses voten en sus elecciones municipales. (Los votantes de San Francisco y Oakland aprobaron medidas que permiten a los ciudadanos no estadounidenses votar en las elecciones de la junta escolar, aunque Oakland aún no las ha implementado).

La medida electoral de Santa Ana llega en un momento en que los republicanos han hecho del voto de los no ciudadanos un tema clave de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. En el Congreso, los republicanos han aprobado la Ley SAVE (Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses) que consiste en exigir una prueba de ciudadanía al votar en las elecciones federales. (La Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 ya prohíbe a los ciudadanos no estadounidenses votar en las elecciones federales y estatales).

La historia detrás

En 2022, los líderes de la ciudad de Santa Ana discutieron la posibilidad de permitir que los habitantes que no son ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones de la junta escolar y del concejo municipal. Sin embargo, cuando la ordenanza de San Francisco que otorga a los padres no ciudadanos el derecho a votar en las elecciones de la junta escolar fue impugnada en los tribunales, el consejo de la ciudad de Santa Ana presentó la discusión.

Cuando un tribunal de apelaciones falló a favor de la ordenanza de San Francisco en 2023, los concejales Johnathan Hernandez y Benjamín Vázquez (quien también es candidato a la alcaldía el 5 de noviembre) volvieron a plantear el asunto ante el concejo. Indicaron que Santa Ana tiene el mayor número de no ciudadanos en el condado de Orange, alrededor del 24% de la población de la ciudad. El personal de la ciudad primero propuso una medida electoral que preguntaría a los residentes si apoyaban el voto de los no ciudadanos. Pero la mayoría del concejo pidió al personal que volviera con una medida electoral revisada que fuera más allá, enmendando los estatutos de la ciudad para permitir el voto de los no ciudadanos.

En mayo, el lenguaje específico de la medida electoral fue impugnado en los tribunales por los críticos que la calificaron de "ilegalmente partidista" porque incluía referencias a "los contribuyentes y los padres", lo que los críticos dijeron que era un intento de presentar la medida bajo una luz más favorable. Un juez estuvo de acuerdo y ordenó que el lenguaje fuera redactado nuevamente en la medida electoral.

El activista James Lacy, quien presentó la demanda contra la medida electoral de Santa Ana, ha desafiado previamente los esfuerzos de voto para los no ciudadanos estadounidenses en Oakland y San Francisco.

¿Cómo funcionaría?

Según un análisis por la fiscal de la ciudad de Santa Ana: Si la medida electoral se aprueba, obligaría al concejo municipal a adoptar una ordenanza que otorgaría a los ciudadanos no estadounidenses el derecho a votar en todas las elecciones municipales, es decir, las elecciones al concejo municipal, elecciones para la alcaldía y medidas electorales en la ciudad.

Un voto a favor de la medida electoral también significaría que Santa Ana tendrá que llevar a cabo elecciones independientes del Registro de Votantes del Condado de Orange, según el análisis.

Lo que dicen las personas que están a favor

Los defensores de la medida dicen que los ciudadanos no estadounidenses en la ciudad contribuyen a la economía de la ciudad a través de los impuestos que pagan y trabajando en la ciudad. Los ciudadanos no estadounidenses, argumentan, también crían a sus hijos y viven en la ciudad y deberían tener voz y voto sobre cómo se administra la ciudad. Entre sus partidarios se encuentra el concejal Benjamín Vázquez de Santa Ana, quien se postula para alcalde el 5 de noviembre.

Lo que dicen las personas que se oponen

Los que se oponen a la medida, incluida la alcaldesa Valerie Amezcua, quien se postula para la reelección el 5 de noviembre, dicen que la ciudad se vería obligada a pagar para hacer cambios costosos en la forma en la que se llevan a cabo las elecciones en la ciudad y argumentan que esto quitaría dinero a los presupuestos de los servicios de emergencias, así como a los servicios de la ciudad, como arreglar los baches. También argumentan que esto generaría facturas más altas de agua, basura e impuestos, ya que la ciudad debería buscar fondos para realizar elecciones independientes del Registro de Votantes del Condado de Orange si se aprueba la medida.

Impacto financiero potencial

Si se aprueba la medida, el personal de la ciudad espera que los desafíos legales cuesten al menos $500,000. No hay cifras inmediatas sobre cuánto le costaría a la ciudad celebrar sus propias elecciones municipales si se aprueba la medida.

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Lectura adicional

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