La estructura del gobierno del condado de Los Ángeles prácticamente no se ha modificado desde 1912, cuando los votantes aprobaron el nuevo estatuto.
En ese entonces, la población del condado de Los Ángeles era de unos 500,000 habitantes. Hoy en día, el condado de Los Ángeles tiene una población que se aproxima a los 10 millones, es decir, es el condado más poblado de los EE. UU. Según las autoridades, este es solo uno de los motivos por los que los cambios deberían haberse hecho hace tiempo.
Ingrese: Medida G.
Título oficial en la papeleta de noviembre: Enmienda al Estatuto sobre la estructura, ética y responsabilidad del gobierno del condado de Los Ángeles.
Se le pregunta lo siguiente: ¿Debería adoptarse la medida que modifica el Estatuto del condado de Los Ángeles para crear un Ejecutivo del Condado electo; crear una Comisión de Ética independiente para aumentar las restricciones a los grupos de presión e investigar conductas indebidas; establecer un Analista Legislativo no partidista para revisar las políticas propuestas del condado; ampliar la Junta de Supervisores de cinco a nueve miembros electos; exigir a los departamentos del Condado que presenten presupuestos anuales en reuniones públicas, con el uso de fuentes de financiación existentes sin impuestos adicionales para su implementación, tal y como se detalla en la ordenanza de enmienda del Estatuto?
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Un voto positivo significa que desea que se modifique el estatuto del condado para ampliar el número de escaños de la junta y que el director general del condado pase a ser un cargo electo.
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Un voto negativo significa que no desea que se modifique el estatuto del condado para ampliar el número de escaños de la junta y que no desea que el director general del condado pase a ser un cargo electo.
Sobre la Medida G
La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles es un órgano gubernamental que supervisa a alrededor de 10 millones de residentes. Esto significa que cada supervisor tiene ahora una circunscripción de unos dos millones de personas.
Los supervisores asumen muchas responsabilidades, entre ellas el establecimiento de políticas de salud pública, servicios sociales, cárceles y transporte.
Si se aprueba la Medida G, se aumentaría el número de supervisores que forman parte de la junta de cinco a nueve. Los partidarios afirman que aumentar el número de miembros de la junta la haría más receptiva y representativa del condado de Los Ángeles, al confiar a cada supervisor áreas geográficas más pequeñas y menos personas.
Sesión de preparación para las votaciones
Durante la sesión en directo de preparación para las votaciones de AirTalk, Larry Mantle habló con Michael Alvarez de Caltech, Sara Sadhwani de Pomona College y Zachary Courser de Claremont McKenna College sobre la Medida G.
¿Qué más cambiaría la medida?
Si se aprueba la medida, además de aumentar el tamaño de la Junta de Supervisores, el director general del condado pasaría a ser un cargo electo, algo así como un alcalde, en lugar de uno nombrado por los miembros de la junta.
También se crearía una comisión de ética independiente que aumentaría las restricciones a los grupos de presión e investigaría las conductas indebidas.
Y se crearía un puesto de analista legislativo no partidista para revisar la legislación propuesta por el condado. La ciudad y el estado cuentan con puestos similares.
¿Qué hacen los supervisores y el director general del condado?
Los supervisores del condado de Los Ángeles son algunos de los funcionarios locales más poderosos del país. Representan alrededor de 10 millones de residentes, una cifra que supera la población de la mayoría de los estados de los EE. UU.
La Junta de Supervisores puede aprobar leyes locales con tres quintos de los votos. A diferencia de lo que ocurre en las ciudades, donde el alcalde electo puede vetar una ley aprobada por el Concejo de la ciudad, el director general del condado no puede vetar una decisión de la Junta de Supervisores.
Los supervisores del condado cobran un poco más de $232,000 por año.
El director general trabaja bajo la dirección de la Junta de Supervisores para gestionar las operaciones cotidianas del condado y llevar a cabo sus políticas e iniciativas. El director general gestiona múltiples funciones del condado, como los servicios sociales, la salud pública y los servicios de bomberos.
El actual director general gana más de $566,000 anuales.
¿Qué dicen quienes la apoyan?
El sitio web de Sí a la G afirma que la medida está respaldada por “una amplia coalición de líderes y organizaciones comunitarias, sindicatos, grupos de defensa de los derechos civiles y gobiernos locales y electos”.
Las supervisoras del condado de Los Ángeles Lindsey Horvath y Janice Hahn propusieron la medida de reforma. Han calificado al condado como “una anomalía”, dado que cuenta con cinco miembros que representan a una población enorme. (En cambio, San Francisco, con una población de 875.000 habitantes, tiene una junta de 11 miembros. El condado de Cook, Illinois, que incluye Chicago, tiene una comisión de 17 miembros para una población de 5.2 millones.)
Horvath y Hahn han dicho que los residentes del condado “sufren un déficit de representación y rendición de cuentas”. Horvath también ha dicho que ampliar la junta pondría “más poder en manos de la comunidad”.
¿Qué dicen quienes se oponen?
En julio, las supervisoras Kathryn Barger y Holly Mitchell se abstuvieron en la votación para incluir la medida en la papeleta de noviembre.
Barger ha expresado su preocupación por la politización del cargo de director general al convertirlo en un cargo electo. Ha dicho que cree que la persona que dirige las operaciones diarias del condado debe ser “no partidista e imparcial”.
Mitchell ha expresado su preocupación con respecto a cuánto le costaría al condado la aprobación de la medida.
Posible impacto financiero
Los partidarios de la medida afirman que la aplicación de las reformas no supondría ningún costo adicional para los contribuyentes. El texto de la medida exige que solo se utilicen las fuentes de financiación existentes en el condado.
El presupuesto del condado es de $46 mil millones.
El Auditor-Contralor del condado, Oscar Valdez, dijo en una declaración de impacto fiscal que la Medida G “probablemente generaría futuros costos adicionales” en dos categorías: la aplicación de la enmienda al Estatuto y los costos corrientes para los nuevos puestos y oficinas que crea.
Para lograr esto último podría ser necesario reasignar fondos de programas existentes y ahorrar dinero en otros gastos operativos. En general, Valdez dijo que los costos únicos se estiman en al menos $8 millones.
Los costos corrientes, que incluyen los salarios y beneficios de los nuevos puestos creados, no se pueden estimar en este momento, dijo Valdez en la declaración, porque seguramente estos cambios no comiencen hasta 2030. La declaración señala que “los responsables políticos determinarán la combinación de fuentes de financiación nuevas y existentes para pagar los gastos operativos corrientes, así como el impacto en las operaciones y las finanzas de otras funciones/programas del condado”.
Escuche: Debate sobre la Medida G en AirTalk
La iniciativa se debatió en dos programas:
Profundice
Descubriendo el impacto de las medidas electorales en el condado de Los Ángeles
Esta guía para el votante se publicó originalmente el 30 de septiembre.
Esta historia se ha actualizado para reflejar la declaración del auditor-contralor del condado sobre el impacto fiscal.
