Mi objetivo de integrar reformas de sentido común en el sistema legal es un esfuerzo continuo, pero que bien vale la pena. La reforma significa reducir los principales factores que impulsan el encarcelamiento masivo y, al mismo tiempo, aumentar los servicios para las víctimas, desarrollar alianzas comunitarias, recopilar mejores datos para que podamos guiarnos por soluciones a largo plazo y no por parches a corto plazo, y trabajar siempre para dialogar con la comunidad para que la gente sepa qué significa la reforma y qué no.

Como Fiscal de Distrito de Los Ángeles, estoy trabajando para reformar el sistema poniendo fin al encarcelamiento masivo, que las fuerzas del orden tomen responsabilidad por sus acciones, abordando el acoso y la agresión sexual en nuestra comunidad, protegiendo a los trabajadores, procesando a los contaminadores del medio ambiente e invirtiendo en apoyo informado sobre el daño para las víctimas y las familias. Estoy enfocado en la seguridad pública, al mismo tiempo que se reforma el sistema penitenciario sobrecargado y obsoleto. He hecho de la reforma de nuestro sistema de justicia penal una prioridad máxima y pongo a la comunidad en primer lugar cuando proceso los delitos, al tiempo que pongo equilibrio en la necesidad de una seguridad comunitaria por la que he trabajado en mis cuarenta años como agente de policía y fiscal. Porque necesitamos un sistema que sea algo más que un castigo, necesitamos un sistema que aborde de manera integral las causas fundamentales del delito y tenga como objetivo hacer que nuestro condado sea justo y seguro.

Durante generaciones, las políticas de condenas severas y desequilibradas han tenido un impacto devastador en los californianos negros, latinos e indígenas, que incluyen la utilización de mucho aumento de penas que excesivamente dañan desproporcionadamente a las personas en comunidades de color de bajos ingresos, manteniendo a las personas en prisión por mucho tiempo más de lo que representan una amenaza para su comunidad y que contribuya a nuestra enorme y envejecida población carcelaria. Los residentes del condado de Los Ángeles quieren ver que el gobierno implemente soluciones que realmente funcionen; para los delitos violentos y otras circunstancias graves, seguimos utilizando las mismas herramientas procesales que siempre han existido.

En el caso de los delitos menores no violentos directamente relacionados con enfermedades mentales, falta de vivienda y adicción, ahora contamos con muchas más herramientas para ayudar a abordar el problema principal y, al mismo tiempo, se busque tomar responsabilidad de este. Si bien abordamos de manera más apropiada los casos de salud mental y adicción, y los casos de delitos menores asociados con la adicción, seguimos tomando muy en serio aquellos delitos menores en los que se produce violencia, y especialmente violencia doméstica.

La Propuesta 47 —de la que me enorgullezco ser coautor y que recibió el respaldo de casi el 60% de los votantes de California— redujo la posesión simple de drogas para uso personal de un delito grave a un delito menor, y aumentó el monto de robo por delito grave de $400 a $950 para mantener el ritmo de la inflación. El objetivo de la Propuesta 47 era ayudar a reducir nuestra población carcelaria aquí en California. Reclasificar ciertos delitos como delitos menores en lugar de delitos graves no significa que esos delitos no se procesen. Se hacen y deberían hacerlo. Algunos creen que esta ley aprobada hace diez años es la causa de un aumento en el robo de propiedad. Esto es falso. Los estudios muestran que la Propuesta 47 y leyes similares en docenas de otros estados no aumentan los delitos contra la propiedad.

Creo que el sistema de fianzas en efectivo es intrínsecamente desigual y erróneo, y apoyo firmemente la reforma de las fianzas. Fui el primer fiscal del estado en pedir el fin de las fianzas en efectivo en 2012. Permítanme ser claro: la decisión del tribunal de poner fin a las fianzas en efectivo no significa que hayamos renunciado a nuestra capacidad de mantener a alguien detenido antes del juicio si creemos que representa un riesgo para su comunidad o puede huir. Significa que el tribunal ahora analiza el nivel de amenaza real que representa una persona al decidir si liberar o no a alguien antes de su juicio, no solo la cantidad de dinero en su cuenta bancaria.

Cuando tengo tiempo, me encanta cocinar. Y, pase lo que pase, siempre tengo tiempo para la familia.

Gascón ha perdido la confianza del público, de sus propios fiscales y de las fuerzas del orden público. Como Fiscal de Distrito, lo primero que cambiaré será recuperar esa confianza volviendo a hacer cumplir la ley, no solo las leyes que se ajustan a una agenda política personal. Me postulo como independiente y tomaré decisiones procesales basándome únicamente en los hechos y la ley, y no en la ideología política. Daré el ejemplo basándome en mis más de 34 años de experiencia en la justicia penal.

A diferencia de Gascón, que nunca ha procesado ni defendido personalmente un caso penal, como fiscal federal procesé más de 100 casos, desde miembros de pandillas violentas, narcotraficantes y lavadores de dinero, hasta policías y funcionarios públicos corruptos, y defraudadores fiscales y bancarios. Dirigí grupos de trabajo sobre delitos ambientales y de fraude por desastres. Además, fui designado por el presidente y ratificado por unanimidad por el Senado como Fiscal General Adjunto de los Estados Unidos a cargo de la División Fiscal, con un presupuesto de $100 millones y 350 abogados que procesan casos en todo el país. Como exfiscal y abogado defensor, aportaré credibilidad en ambos lados.

Gascón cree en políticas generales, una forma perezosa de tomar decisiones que demuestra desconfianza en sus fiscales, razón por la cual el 97,8% de ellos apoyaron su destitución. Rechazo las políticas generales en ambos extremos, tanto en el encarcelamiento masivo, como en las directivas especiales de excarcelación de Gascón. Me concentraré en el "punto medio", un análisis individualizado del acusado, del delito cometido y del impacto en la víctima para determinar quiénes son las verdaderas amenazas a nuestra seguridad y quiénes no lo son. Restauraré la colaboración entre las fuerzas del orden público que Gascón ha diezmado. Tengo una credibilidad única en este sentido, ya que he defendido personalmente a los agentes policiales del y he cofundado la Fundación del Sheriff de Los Ángeles para aportar los recursos necesarios al LASD, pero también he procesado personalmente a agentes policiales deshonestos.

En muchos sentidos, nuestro sistema de justicia necesita una reforma, pero no el tipo de “reforma” que ha introducido Gascón y que ha puesto en peligro nuestra seguridad pública. En cambio, debemos equilibrar sensatamente la prioridad de la seguridad pública garantizar que el sistema actúe de manera justa y sin prejuicios. Las “reformas” de Gascón han liberado a los delincuentes violentos y graves antes de que estos cumplan sus sentencias y han prohibido el procesamiento de esos delincuentes con todo el peso de la ley. Además, estas “reformas” pro-delincuentes y anti-víctimas han prohibido a los fiscales representar a las víctimas en las audiencias de libertad condicional.

Comparando con el año anterior a que Gascón asumiera el cargo (2019), las estadísticas actuales de delincuencia han aumentado en la mayoría de las categorías. Es importante destacar que las encuestas muestran que los angelinos (más del 60 %) se sienten menos seguros hoy que antes de que Gascón fuera fiscal de distrito. Los asesinatos con fentanilo son la principal causa de muerte entre los adultos jóvenes; y los robos con allanamiento y robos a domicilio ocurren casi a diario. Los delincuentes se están aprovechando de las leyes que los favorecen. Mis reformas son: eliminar las políticas generales pro-delincuentes de Gascón en favor de políticas “nivel medio duro” de análisis individualizado del delito; permitir aumentos de penas justificadas mediante pruebas; instituir una evaluación para la fianza basada en el riesgo; hacer que los fiscales acompañen a las víctimas a las audiencias de libertad condicional; y abordar los delitos generados por personas con enfermedades mentales graves y adicciones a las drogas. En cuanto a los asesinos con fentanilo, Gascón se ha negado a procesar a estos traficantes de veneno con fentanilo por asesinato, incluso a los que son delincuentes reincidentes. Como fiscal de distrito, procesaré plenamente como asesinos a quienes vendan a sabiendas fentanilo o drogas mezcladas con fentanilo que resulten en muertes, lideraré un grupo de trabajo local, estatal y federal para atacar la cadena de vendedores y proveedores de fentanilo y trabajaré con agencias locales para lanzar una iniciativa educativa masiva en las escuelas para advertir a los estudiantes y padres sobre los peligros del fentanilo.

Rechazo las políticas generales, como las del actual Fiscal de Distrito, que impiden a los fiscales considerar todas las sanciones legalmente disponibles, respaldadas por pruebas, por los delitos cometidos, como el aumento de la pena por el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito y/o sanciones especiales. circunstancias. Las políticas actuales del Fiscal del Distrito envían un mensaje incentivador a los criminales, por ejemplo, a usar un arma de fuego en la comisión de un delito, ya que no enfrentan ninguna pena adicional por hacerlo.

En cambio, creo en las políticas “medio duras” que utilizan los miles de años de experiencia colectiva de los más de 900 fiscales de la Fiscalía de Distrito, sus investigadores y sus colaborados en la aplicación de la ley para tomar decisiones individualizadas basadas en las pruebas y en el delito cometido; el impacto en la víctima; y los antecedentes penales del acusado. Con este enfoque, los delincuentes ya no pensarán que si cometen un delito que conlleva ciertos aumentos en las penas, esos aumentos no se aplicarán. En cuanto al procesamiento de los delitos menores, mi filosofía central es que quienes cometen delitos serán responsables. No habrá una política general que establezca que cualquiera tiene un pase libre sin importar el delito menor o la cantidad de delitos menores que cometa. Tampoco habrá una política general que requiera prisión por cualquier delito menor cometido. En lugar de ello, utilizaré mis más de 34 años de experiencia en justicia penal como fiscal y abogado defensor, trabajando con más de 900 fiscales y agentes del orden, para calibrar la responsabilidad proporcional por cada delito menor cometido.

Yo apoyaría una modificación significativa o una posible derogación de la Propuesta 47. Cuando Gascón fue coautor de la Propuesta 47, con el engañoso título de “Ley de Vecindarios y Escuelas Seguras”, promovió que liberar de prisión a los delincuentes y ladrones por delitos relacionados con drogas y poner fin al procesamiento de muchos de esos delitos haría que las comunidades fueran más seguras. Estaba completamente equivocado. Como Fiscal de Distrito del condado de Los Ángeles, Gascón ha redoblado su esfuerzo por esta filosofía. Esta propuesta tuvo un alcance demasiado amplio y ha creado muchas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, la posesión de narcóticos altamente adictivos y peligrosos como el fentanilo, la heroína y la metanfetamina ahora se tratan como delitos menores, como si fueran marihuana. Como resultado, ya no hay un incentivo para que los reincidentes acudan a programas de rehabilitación de drogas ordenados por los juzgados para lidiar con su adicción y borrar sus antecedentes penales.

En consecuencia, los juzgados de drogas, que solían graduar a decenas de personas que habían completado programas de rehabilitación de drogas, han dejado de hacerlo ya que nadie pasa por el programa y Gascón se niega a procesar. En lo que respecta a los delitos contra la propiedad, el aumento del monto de cuantía de delito grave de $400 a $950 bajo la Propuesta 47, y las políticas generales de Gascón de no procesar o procesar con laxitud, han llevado a un gran aumento de robos de poco menos de $950 y han creado una anarquía que ha llevado a la comisión de delitos más graves, como robos con violencia y robos a domicilio. La solución es modificar o modificar partes de la Propuesta 47 aumentando las penas por posesión de fentanilo y otras drogas peligrosas y adictivas para revitalizar los programas de rehabilitación de drogas y restablecer el umbral de $400 para los delitos contra la propiedad y/o permitir la acumulación de delitos contra la propiedad durante un tiempo determinado. Sin una reforma, las muertes por sobredosis de drogas seguirán batiendo nuevos récords, los robos seguirán siendo un tema habitual en las redes sociales y el Condado de Los Ángeles seguirá perdiendo residentes que pagan impuestos a otros estados.

El sistema de fianzas debería centrarse en determinar qué fianza puede eliminar o reducir significativamente el riesgo de que un acusado en particular cometa delitos en el futuro si es liberado, o el riesgo de que una persona se fugue y no se presente a las comparecencias judiciales. El sistema actual de fianzas en efectivo tiene fallas, pero no es necesario abandonarlo por completo para solucionarlo. Esas fallas se derivan de la falta de evaluación de riesgos. Dado que el sistema de fianzas en efectivo impone una fianza en efectivo basada en un cronograma determinado por el delito cometido en lugar de un análisis de los riesgos, libera bajo fianza a algunas personas que de otro modo representarían un riesgo de peligro para la comunidad o de fuga y niega la libertad bajo fianza a quienes no representan ningún riesgo, pero carecen de los fondos para pagar una fianza mínima. El sistema actual de fianzas” Sin ningún pago en efectivo” no es la solución porque con demasiada frecuencia permite que los delincuentes sean citados y liberados (y nunca arrestados) o arrestados y liberados inmediatamente por delitos que afectan la seguridad pública.

La solución es implementar una revisión de los detenidos por parte de un magistrado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y crear un departamento de servicios previos al juicio que pueda proporcionar al magistrado información sobre la fianza adecuada (experiencia laboral del acusado, antecedentes, etc.) y luego proporcionar supervisión para garantizar que el acusado cumpla con las condiciones de su fianza y se presente a futuras audiencias judiciales. También el acusado trabajaría para instituir ciertas adiciones a las disposiciones en efectivo en la fianza, como declaraciones juradas de terceros de garantía (con y sin garantía), internamiento en centros de tratamiento, requisitos laborales, etc. para proporcionar un medio para obtener la fianza otorgada por un magistrado.

Disfruto de todo lo que implique una raqueta: tenis, pádel, squash, pickleball. Además, mi familia y yo hemos recaudado fondos y entregado personalmente más de 1500 sillas de ruedas a través de la misión American Wheelchair Mission a personas necesitadas.